El 30 de julio de 2026, el Tribunal de Apelación dictó una nueva resolución importante en el prolongado conflicto judicial relacionado con la Lotería Nacional del Reino Unido. El juez Coulson rechazó la solicitud de The New Lottery Company Limited (TNLC) y Northern & Shell PLC para recurrir determinados aspectos de una sentencia anterior del Tribunal Superior sobre la adjudicación de la cuarta licencia de la Lotería Nacional a Allwyn. La decisión llegó después de años de desacuerdos sobre el proceso de licitación original, las modificaciones posteriores de las condiciones de la licencia y las acusaciones de que la Comisión del Juego británica había actuado de manera ilegal. Aunque la resolución no introdujo nuevas normas para la lotería ni modificó su operador, reforzó considerablemente la posición jurídica del regulador y de Allwyn. Para comprender el caso, es necesario distinguir entre el concurso original, las acusaciones de la empresa que no obtuvo la licencia y lo que realmente determinaron los tribunales.
El conflicto surgió durante el concurso convocado para gestionar la Lotería Nacional después del vencimiento de la tercera licencia de Camelot. Esta empresa había administrado la lotería desde su lanzamiento en noviembre de 1994, por lo que la licitación de la cuarta licencia representaba un momento especialmente importante en su historia. La Comisión del Juego era responsable de seleccionar al siguiente operador mediante un procedimiento competitivo. Participaron cuatro candidatos: Camelot, Allwyn, Sisal y The New Lottery Company, vinculada a Northern & Shell, el grupo empresarial controlado por Richard Desmond. La empresa seleccionada obtendría el derecho a gestionar una de las mayores actividades de lotería del Reino Unido mediante una licencia de diez años, con responsabilidades que iban más allá de la venta de boletos e incluían la generación de fondos destinados a fines de interés público.
El 15 de marzo de 2022, la Comisión del Juego anunció que Allwyn era su candidato preferido, y la cuarta licencia se adjudicó formalmente en septiembre de ese mismo año. La decisión significaba que Camelot perdería el contrato que había mantenido durante casi tres décadas. El nombramiento de Allwyn estuvo acompañado de un período de transición destinado a preparar a la empresa para asumir la gestión. Este proceso implicaba transferir responsabilidades operativas, mantener los servicios de lotería y gestionar la tecnología utilizada por miles de establecimientos comerciales. La nueva licencia entró finalmente en vigor el 1 de febrero de 2024 y está previsto que permanezca vigente hasta el 31 de enero de 2034. Durante todo este período, la Comisión del Juego conserva la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las condiciones de la licencia.
El concurso provocó varias impugnaciones judiciales. Camelot y el proveedor tecnológico IGT iniciaron procedimientos relacionados con la adjudicación, aunque posteriormente desistieron de sus reclamaciones. Allwyn adquirió Camelot en febrero de 2023, lo que permitió integrar al antiguo operador en la nueva estructura de propiedad. TNLC y Northern & Shell continuaron con su propia demanda contra la Comisión del Juego. Su caso se centraba tanto en la evaluación de las ofertas originales como en los cambios introducidos en las condiciones después de que Allwyn fuera seleccionada. Los demandantes sostenían que los errores cometidos durante el concurso habían privado a TNLC de un contrato que debería haber ganado. El procedimiento terminó convirtiéndose en una importante reclamación por daños y perjuicios, con una indemnización solicitada de aproximadamente 1.300 millones de libras esterlinas.
El argumento principal de TNLC era que la Comisión del Juego no había desarrollado el concurso de adjudicación conforme a los requisitos legales de contratación aplicables. La empresa cuestionaba determinados aspectos de la evaluación de las ofertas y sostenía que las decisiones del regulador habían perjudicado injustamente su candidatura. En términos prácticos, TNLC consideraba que un procedimiento realizado correctamente debería haber producido un resultado diferente. La reclamación no consistía simplemente en expresar desacuerdo con que Allwyn se convirtiera en el nuevo operador. Su objetivo era demostrar que el regulador había incumplido obligaciones legales durante el proceso de selección y que esas presuntas infracciones justificaban una compensación económica.
Otra parte importante del conflicto estaba relacionada con las modificaciones introducidas en las condiciones de la licencia después del concurso. El cambio de operador exigía numerosos preparativos, incluida la sustitución o adaptación de la tecnología utilizada por la lotería. Surgieron dificultades relacionadas con el uso de terminales comerciales suministrados por IGT y la introducción prevista de equipos asociados a Scientific Games. Posteriormente, Allwyn y la Comisión del Juego acordaron modificaciones vinculadas a la aplicación de la nueva licencia. TNLC argumentaba que determinados cambios tenían suficiente importancia como para cuestionar la validez del concurso original. Esta cuestión era relevante porque las modificaciones sustanciales de un contrato público después de su adjudicación pueden, en determinadas circunstancias, entrar en conflicto con las normas de contratación destinadas a proteger la competencia justa.
Estas acusaciones dieron lugar a un prolongado procedimiento judicial ante la jueza Joanna Smith, del Tribunal Superior. El juicio principal se desarrolló entre el 9 de octubre y el 2 de diciembre de 2025, seguido de una jornada adicional de audiencia el 13 de enero de 2026. El tribunal examinó las pruebas relacionadas con el concurso, la actuación del regulador y las modificaciones impugnadas de la licencia. El 17 de abril de 2026, el Tribunal Superior rechazó íntegramente las reclamaciones mediante una sentencia identificada como [2026] EWHC 891 (TCC). El tribunal no consideró que TNLC hubiera demostrado las supuestas infracciones de las normas de contratación. También desestimó la impugnación de las modificaciones cuestionadas. Esta sentencia se convirtió en la base del posterior intento de apelación examinado en julio.
La decisión del Tribunal de Apelación del 30 de julio de 2026 se refería a la autorización para presentar un recurso, no a la celebración de un nuevo juicio sobre todo el conflicto de la Lotería Nacional. Después de la sentencia del Tribunal Superior en abril, TNLC y Northern & Shell intentaron impugnar determinados aspectos de aquella resolución. La jueza Joanna Smith rechazó su primera solicitud de autorización para recurrir el 22 de mayo de 2026. Posteriormente, los demandantes acudieron al Tribunal de Apelación, donde el juez Coulson examinó tres motivos de recurso propuestos. Esta distinción es importante: el juez debía decidir si el recurso podía seguir adelante, no volver a examinar todas las acusaciones formuladas durante el procedimiento original.
El juez Coulson denegó la autorización respecto de los tres motivos. Según el comunicado oficial de la Comisión del Juego, el magistrado consideró que no debía permitirse a TNLC introducir un nuevo argumento jurídico, especialmente cuando hacerlo supondría, en la práctica, recuperar un planteamiento que había sido expresamente descartado por el Tribunal Superior. También evaluó las posibilidades de éxito del recurso y concluyó que eran excepcionalmente reducidas, incluso al considerar un criterio de valoración potencialmente menos exigente. En la información publicada por el regulador, el juez describió esas posibilidades como prácticamente inexistentes. Esto representó un revés decisivo para TNLC, puesto que la impugnación propuesta no podía avanzar hacia una audiencia de apelación sobre esos motivos.
Por tanto, la resolución de julio dejó intactas las determinaciones del Tribunal Superior. La Comisión del Juego continuó defendiendo la legalidad del concurso original y de las modificaciones posteriores de la licencia, mientras que Allwyn siguió siendo el operador autorizado. La decisión no ordenó convocar un nuevo concurso, cancelar la cuarta licencia ni transferir los derechos de explotación a otro candidato. Tampoco concedió indemnización alguna a TNLC. Para quienes siguen el caso, la distinción fundamental consiste en comprender la diferencia entre denegar la autorización para recurrir y dictar una nueva sentencia sobre todos los hechos controvertidos. Lo primero fue lo que ocurrió el 30 de julio, pero su efecto práctico consistió en mantener la decisión integral que ya había adoptado el Tribunal Superior en abril.
Uno de los elementos destacados de la decisión de julio fue la observación del juez Coulson de que TNLC no había sufrido pérdidas en términos prácticos. Este aspecto resultaba especialmente relevante porque el litigio incluía una reclamación económica considerable por la supuesta pérdida del contrato de lotería. En los conflictos relacionados con la contratación pública, un licitador que no resulta seleccionado debe hacer algo más que manifestar su desacuerdo con el resultado. Una reclamación de daños y perjuicios exige establecer los fundamentos jurídicos necesarios para atribuir responsabilidad y demostrar la existencia de un perjuicio indemnizable. La valoración del Tribunal de Apelación debilitó todavía más la posición de una empresa que ya había fracasado al intentar demostrar sus acusaciones ante el Tribunal Superior.
El tratamiento del nuevo argumento propuesto por TNLC también fue significativo. Un recurso de apelación no suele constituir una oportunidad ilimitada para reconstruir un caso a partir de argumentos que no prosperaron durante el juicio. Los tribunales deben considerar si el motivo presentado puede ser examinado legítimamente y si ofrece posibilidades reales de modificar el resultado. La negativa del juez Coulson reflejó sus reservas sobre el intento de introducir un planteamiento jurídico diferente después de que el Tribunal Superior ya hubiera resuelto el conflicto. Este aspecto de la decisión ilustra un principio importante del procedimiento civil: las partes no pueden asumir que perder un juicio les concede automáticamente el derecho a presentar un caso sustancialmente reformulado ante un tribunal superior.
Las consecuencias económicas también iban más allá de la indemnización que TNLC esperaba obtener. El 22 de mayo de 2026, el Tribunal Superior ordenó a TNLC pagar las costas de la Comisión del Juego conforme al criterio de indemnización integral aplicable en este tipo de procedimientos, además de realizar un pago a cuenta equivalente al 75 % de dichas costas. Una resolución de esta naturaleza puede generar una exposición económica considerable para la parte que pierde el litigio, especialmente después de un procedimiento prolongado que incluye abundante documentación y representación jurídica especializada. La negativa de julio no estableció por sí misma una nueva indemnización ni determinó el importe definitivo de esas costas. Sin embargo, cerró la vía inmediata mediante la cual TNLC pretendía obtener autorización para impugnar partes de la sentencia anterior, reforzando las consecuencias de su demanda fallida.

Para Allwyn, la principal consecuencia de la decisión del Tribunal de Apelación fue una mayor seguridad jurídica respecto a su derecho a gestionar la Lotería Nacional. La empresa ya operaba la lotería desde febrero de 2024 y el litigio no había interrumpido la venta habitual de boletos ni los sorteos. No obstante, las continuas impugnaciones judiciales generaban incertidumbre alrededor de un contrato concebido para mantenerse vigente durante diez años. Al permanecer intactas las determinaciones del Tribunal Superior, Allwyn podía continuar con sus inversiones y proyectos operativos sin afrontar la perspectiva inmediata de que el recurso propuesto siguiera adelante. La sentencia no eliminó sus obligaciones regulatorias, y la Comisión del Juego continuó siendo responsable de supervisar su actividad durante todo el período de vigencia de la licencia.
Para los jugadores, la resolución no produjo cambios directos en el funcionamiento de los juegos de la Lotería Nacional. No modificó las reglas de Lotto, EuroMillions ni de otros juegos autorizados, tampoco introdujo nuevas probabilidades de ganar, alteró los precios de los boletos ni estableció procedimientos diferentes para reclamar premios. Estas cuestiones se rigen por las reglas de cada juego y las condiciones de las licencias correspondientes, no por el resultado de este conflicto de contratación. Por tanto, los jugadores pudieron continuar comprando boletos a través de establecimientos autorizados y servicios en línea conforme a las condiciones existentes. Cualquier modificación futura de los juegos, la tecnología utilizada en los puntos de venta o los servicios de atención al cliente deberá considerarse por separado de la decisión del Tribunal de Apelación y mantenerse dentro de los requisitos regulatorios aplicables.
El interés público más amplio reside en los fondos generados para las causas sociales financiadas por la Lotería Nacional. La Comisión del Juego informó en julio de 2026 de que los jugadores habían contribuido con más de 53.000 millones de libras esterlinas a más de 680.000 iniciativas de interés público en todo el Reino Unido desde el lanzamiento de la lotería en 1994. Estos recursos apoyan ámbitos como los proyectos comunitarios, el deporte, el patrimonio y las artes. El regulador acogió favorablemente la decisión judicial, en parte porque reducía las distracciones provocadas por el litigio y permitía concentrar la atención en la gestión y el desarrollo de la lotería. Sin embargo, la sentencia no debe interpretarse como una garantía de aumento de la financiación. Las futuras aportaciones seguirán dependiendo de los resultados de la lotería, las condiciones de la licencia y la distribución de los recursos mediante los mecanismos de financiación establecidos.
El conflicto demuestra por qué la selección de un operador de la Lotería Nacional implica mucho más que elegir a la empresa que presenta la propuesta comercial más atractiva. El regulador debe evaluar las ofertas de manera justa, proteger la integridad del procedimiento y considerar si el candidato elegido podrá cumplir sus compromisos durante muchos años. El concurso de la cuarta licencia estuvo sometido a un escrutinio especialmente intenso debido a su importancia económica y al traspaso de responsabilidades desde un operador que llevaba décadas gestionando el servicio. La sentencia del Tribunal Superior de abril y la negativa de julio a autorizar el recurso reforzaron la validez jurídica de aquel procedimiento, al tiempo que demostraron hasta qué punto las decisiones importantes sobre licencias pueden ser examinadas por los tribunales.
El caso también pone de manifiesto las dificultades prácticas de transferir un negocio de lotería de alcance nacional entre distintos operadores. Los equipos instalados en los establecimientos comerciales, los contratos con proveedores, los servicios de atención al cliente y los sistemas operativos no siempre pueden sustituirse de un día para otro. Los desacuerdos relacionados con IGT y las posteriores modificaciones de la licencia demostraron que los problemas de implementación pueden tener consecuencias jurídicas cuando surgen después de adjudicar un contrato mediante concurso. El Tribunal Superior rechazó el argumento de TNLC de que los cambios cuestionados infringían las normas de contratación aplicables. Esta determinación también resulta relevante fuera del sector de las loterías, porque muestra la diferencia entre las modificaciones necesarias para ejecutar un contrato adjudicado y aquellas que alteran ilegalmente las condiciones sobre las que los competidores presentaron originalmente sus ofertas.
En noviembre de 2026, la cuarta licencia de la Lotería Nacional sigue en manos de Allwyn, con vencimiento previsto para el 31 de enero de 2034. La decisión del Tribunal de Apelación del 30 de julio no determinó el éxito de la futura estrategia comercial de Allwyn, pero eliminó un importante obstáculo jurídico relacionado con el concurso original. Para la Comisión del Juego, el caso reforzó la importancia de adoptar decisiones de contratación jurídicamente defendibles y mantener una supervisión clara de la aplicación de las licencias. Para los jugadores, la situación esencial permanece sin cambios: los juegos autorizados continúan funcionando bajo el marco regulatorio vigente, mientras que la financiación de causas sociales sigue siendo uno de los objetivos centrales de la Lotería Nacional. La importancia duradera de la resolución reside en la seguridad jurídica que aporta a la adjudicación de 2022 y a la transición que tuvo lugar posteriormente.